Cobertura temática: Cataluña (III)
Orestes Martí
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Sigue en directo una jornada más sobre la crisis política de Catalunya tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.
PUBLICO | AGENCIAS
Carles Puigdemont, el president de la Generalitat cesado tras la aplicación del artículo 155, y los cuatro exconsellers que le acompañan en Bruselas han dado el pistoletazo de salida a otra jornada en la que se hablará mucho de Catalunya. Él y los cuatro consellers cesados han sido entrevistados en el programa desde Bruselas en el programa El matí de Catalunya Ràdio.
Actualidad RT
Una delegación de líderes empresariales catalanes contrarios a la independencia harán lo propio junto con miembros del Parlamento Europeo.
Alrededor de 200 alcaldes independentistas de Cataluña (España) viajarán este 7 de noviembre a la capital de Bélgica para explicar la crisis catalana desde su punto de vista y "de primera mano", informa la emisora Catalunya Ràdio.
Algunos de estos viajeros estuvieron presentes cuando el Parlamento catalán votó para proclamar a Cataluña como república independiente el pasado 27 de octubre.
Al parecer, más ediles querían acompañar a sus colegas, pero no había suficientes vuelos disponibles.
Al parecer, más ediles querían acompañar a sus colegas, pero no había suficientes vuelos disponibles.
Ese mismo día, una delegación de líderes empresariales catalanes contrarios a la independencia de esa región visitarán Bruselas y celebrarán una conferencia de prensa junto con varios miembros del Parlamento Europeo para hacer lo propio.
El pasado 3 de noviembre, los comités ejecutivos de la Asociación de Municipios para la Independencia (AMI) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM) decidieron que algunos líderes de sus municipios se desplazaran a territorio belga.
Ese mismo día, la juez de la Audiencia Nacional de España, Carmen Lamela, emitió una orden de detención contra los políticos cesados del Gobierno de Cataluña que se encuentran en Bélgica: el expresidente catalán, Carles Puigdemont, y cuatro exconsejeros.
Este 5 de noviembre, los cinco exmiembros del Ejecutivo de Cataluña que se encuentran en territorio belga se entregaron a la Policía y un juez de Bruselas los dejó en libertad esa misma noche, a condición de que permanecieran en Bélgica y asistieran a sesiones judiciales.
Los otros nueve exintegrantes del Gobierno de Cataluña se encuentran en prisión preventiva en Madrid desde el 2 de noviembre.
El Gobierno de España disolvió el Parlamento y el Ejecutivo catalanes el pasado 27 de octubre.
Ese día, el presidente de España, Mariano Rajoy, anunció elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 21 de diciembre.
La línea de Iceta sigue siendo mayoritaria en el partido que, pese a todo, confía en unos buenos resultados el 21-D
El conflicto de Catalunya está haciendo mella en el Partido Socialista de Catalunya (PSC) con un goteo de dimisiones de alcaldes y concejales socialistas, y la ruptura de los pactos municipales que tenían con otros partidos en muchas localidades.
El apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya provocó las primeras grietas internas, siendo las más llamativas las dimisiones que presentaron la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlon, como integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE; y la del alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart.
Sin embargo, la decisión judicial de encarcelar a ocho miembros del Gobierno de la Generalitat ha provocado más fugas en el partido, y a la dimisión de Ballart se sumaron otros cinco concejales del PSC. Y este lunes también abandonó la militancia el alcalde de Castellar del Vallés, Ignasi Giménez.
Además, la posición política del PSC ha llevado al resto de partido con los que ha estado cogobernando en muchos ayuntamientos catalanes a romper con los socialistas o presentar una moción de censura. Son los casos de Girona o Molins de Rie, entre otros. Además, de CUP también ha pedido a ERC que rompa todos los acuerdos con los socialistas, citando el caso concreto del pacto que ambos tienen en el Consejo de Montsià.
El PSC es consciente de la situación crítica por la que pasa, pero está dispuesto a mantener los posicionamientos actuales en el conflicto porque entiende que son los más coherentes y, además, todavía son mayoritarios en la dirección del partido.
Fuentes cercanas a la cúpula del PSC indican que ha dolido más entre los socialistas catalanes el encarcelamiento de los miembros del Gobierno de la Generalitat que la aplicación del 155, “pero nosotros tampoco compartimos la opinión del tribunal, y lo hemos dicho, y no somos responsables de estas decisiones que nos parecen desproporcionadas”, aseguraron dichas fuentes.
En cuanto al 155, creen que la mayoría de la militancia del PSC sabe que se ha hecho lo posible para que no se aplicara y, de hacerlo, que se hicieran con el único objeto de convocar elecciones, como así ha sido. “El único responsable de que se haya dado este paso ha sido Puigdemont”, aseguran.
Asimismo, no entienden el hostigamiento del resto de partido con el PSC para romper acuerdos municipales de gobierno que estaban funcionando razonablemente bien.
En este aspecto, denunciaron que hay una beligerancia contra el socialismo catalán de los partidos independentistas, aunque especialmente críticos se mostraron con la postura de la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, por hacer una consulta entre las bases sobre si mantener el acuerdo de gobierno con el PSC y decir que ella se mantendrá neutral. Para el PSC, a Colau se le ve cada día más “del lado de quién juega” y no consideran de recibo su actitud.
Pese a todo ello, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, piensa mantener el mismo rumbo. El miércoles ha convocado una Ejecutiva extraordinaria para elegir las listas electorales que, probablemente, sean ratificada el próximo viernes por el Consell Nacional del PSC.
En la cúpula del partido, tal vez animada porque casi todas las encuestas publicadas dan un significativo crecimiento al PSC, hay una sensación de que el 21-D van a obtener un buen resultado.
Creen que el discurso catalanista, aunque poco a poco, va calando en la ciudadanía ante tanto frentismo, y que cada vez más gente aplaude que la solución pase por una reforma constitucional que haga confortable el encaje de Catalunya en España.
Iceta mantendrá esta bandera, así como su petición de un ambicioso Pacto de Estado para Catalunya, que quiere que vaya más allá de la reforma de la Carta Magna.
No obstante, pese a este triunfalismo, hay preocupación en el seno del PSC por lo que está ocurriendo y el temor a una campaña que se presentará a cara de perro contra los socialistas catalanes. Sin embargo, creen que el partido aguantará y que está lejos un verdadero riesgo de escisión o de ruptura, algo que muchos llegaron a temer.
El PP adopta perfil bajo ante el temor de que le pase factura la encarcelación del Govern
Los conservadores temen bajar aun más sus apoyos en Catalunya, aunque plantearán la campaña del 21-D como unas elecciones generales en las que Rajoy presumirá de "responsabilidad" con la aplicación del 155 de la Constitución.
"El Gobierno y el PP respetan las decisiones judiciales". "España es un país democrático donde funciona el Estado de derecho". "La Justicia es independiente". Estas son las frases más repetidas por los conservadores en las últimas semanas. Todos los altos cargos de la formación siguen las pautas marcadas desde Moncloa y Génova: perfil bajo ante el temor de que las escandalosas encarcelaciones del Govern catalán les pase factura en las próximas elecciones del 21 de diciembre (21-D).
El PP de Mariano Rajoy, que nunca ha tenido fuerza suficiente en Catalunya para gobernar, ve ahora cómo su gestión de la crisis independentista le cuesta escaños incluso a nivel nacional, a tenor de las encuestas. Especialmente, desde que el exvicepresident, Oriol Junqueras, y los exconsellers fueron enviados a prisión por orden de la jueza Lamela. También por la orden de detención internacional que pesa sobre Carles Puigdemont, aún en Bruselas.
Por ello, desde la sede de Génova se esfuerzan en negar que sientan alegría por esta situación e inciden en que el poder judicial es independiente del Ejecutivo. "En España el Estado de derecho funciona y ninguna jueza permite que ningún partido haga ninguna indicación. Incluso con compañeros [del PP] que han actuado mal, la Justicia ha actuado con severidad y nos alegramos de ello", argumentó este lunes el vicesecretario de Comunicación del PP , Pablo Casado.
En público, los conservadores niegan que las dudas sobre la independencia judicial pueda pasarles factura. En privado, creen que puede ser uno de los factores que influyan en el resultado de los comicios. "Quiero pensar que la creencia de que existe un 'Estado opresor' que influye en los jueces y provoca encarcelamientos ya no existe -argumenta un alto cargo del PP-, pero nos puede pasar factura, del mismo modo que nos la puede pasar que Ignacio González esté en la carcel", añade la citada fuente.
Por este motivo, los conservadores no quieren dar excesiva importancia a las encuestas que, en cambio, sí valoran a la hora de analizar los datos de las formaciones independentistas: creen que un pacto entre el bloque "constitucionalista" (PP, PSC, Ciudadanos) podrá vencer a PDeCat, ERC y CUP y arrebatarles la mayoría absoluta en Catalunya. Esta es la principal razón por la que los conservadores instan ya a socialistas y naranjas a negociar un futuro pacto de Gobierno en dicha comunidad.
No obstante, cada formación presentará su "proyecto" en solitario. El del PP, con Xavier García Albiol a la cabeza, será claro: vender la imagen de Rajoy como el último responsable de haber devuelto la legalidad a Catalunya y la "voz" a los catalanes. Es decir, presumirán de haber desarrollado el artículo 155 de la Constitución que, además, servirá de amenaza en caso de que el bloque independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) pueda volver a formar Gobierno tras el 21-D y como argumento de diferenciación con el resto de los autodenominados "constitucionalistas".
"Ha tenido que ser Rajoy quien tuviera coraje para devolver la voz a los catalanes y que sean ellos quienes decidan su futuro en las urnas. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: recuperar la ley y la democracia en Catalunya", justificó Casado ya en tono electoralista. "Es el PP el que ha sacado a Catalunya de este atolladero, el que ha puesto orden. Con todo el respeto a las formaciones que nos han acompañado, pero es el presidente el que ha tenido que tomar la decisión y asumir esa responsabilidad", añadió.
Empieza la 'campaña' del 21-D
Y ese es el mensaje que los conservadores se esforzarán en defender de aquí al 21 de diciembre. Génova ya prepara una campaña que, como si de unas generales se tratara, extenderá ese argumentario por toda España. Todo el partido, incluido el presidente, participará en mítines y actos preelectorales que empezarán con el propio Rajoy acompañando a Albiol este domingo en Catalunya.
En el PP están convencidos de que, pese a su caída en las encuestas, los sondeos también revelan que la ciudadanía "entiende" que "era necesario" aplicar el artículo 155 de la Constitución. Esa es la lectura que hacen también y de las manifestaciones "por la unidad de España" celebradas en Barcelona y con respecto al aluvión de banderas españolas en los balcones. "La España de las banderas nos ha dado un mandato a todos los partidos que tenemos la responsabilidad de salvaguardar la unidad de España", mitineó este lunes Casado, que no teme una rebelión pacífica de los independentistas en la calle: "Sería propio de una sociedad enferma tener miedo a que se cumpla la ley", zanjó.
Por todo ello, en Génova creen que, pese a que los encarcelamientos de Oriol Junqueras y los exconsellers sí puede pasarles factura, también están convencidos de que habrá un Gobierno constitucionalista en Catalunya tras el 21-D porque confían en que los electores entenderán las decisiones de Rajoy. "El Gobierno no hace medidas por el resultado electoral: tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley", justificó. De equivocarse en la presión, el portavoz conservador asegura que el PP asumirá el resultado, pase lo que pase: "Si eso tiene un coste, lo asumiremos", concluyó.
"No en nuestro nombre": Manifestación en Barcelona a favor de la unidad de España (VIDEO)
Cientos de manifestantes ondean banderas de España en un municipio de Barcelona, en protesta por una polémica pancarta de índole política.
Cientos de personas se han reunido frente al Ayuntamiento del municipio de Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, para demostrar su apoyo a la unidad de España. La concentración se ha convocado en protesta por un cartel de índole política colocado en la fachada de ese edificio municipal.
La pancarta fue colocada por Mercè Conesa, la alcaldesa de la localidad, y en ella se lee "Libertad a los presos políticos". Con la protesta 'No en nuestro nombre', los manifestantes exigen el retiro de ese cartel, argumentando que es inaceptable que el Ayuntamiento se preste para instrumentalizar los propios intereses políticos de los gobernantes.
Puigdemont acusa a España de "criminalizar a personas que promueven ideas políticas"
El expresidente de Cataluña asegura que seguirá defendiendo la independencia de esa región española.
El expresidente de Cataluña asegura que seguirá defendiendo la independencia de esa región española.
El expresidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, estima que en España existen "graves deficiencias democráticas" y que el Estado español actuó de forma "arbitraria, antidemocrática e ilícita" para disolver el Parlamento y el Ejecutivo de esa región, según ha denunciado en un artículo de opinión que ha publicado el diario británico The Guardian.
Para ese político, "en estos momentos" Cataluña es "el único territorio de la Unión Europea al que se le ha denegado la ley suprema por la que votaron sus ciudadanos, el Parlamento" que eligieron sus habitantes, "el presidente que eligió" ese órgano legislativo "y el Gobierno" que ese mandatario "nombró en el ejercicio de sus poderes".
El periodista Roger Pi de Cabanyes analiza el escenario previo a las elecciones autonómicas que Cataluña (España) celebrará este el 21 de diciembre.
MANUEL SÁNCHEZ
www.publico.esLa línea de Iceta sigue siendo mayoritaria en el partido que, pese a todo, confía en unos buenos resultados el 21-D
El conflicto de Catalunya está haciendo mella en el Partido Socialista de Catalunya (PSC) con un goteo de dimisiones de alcaldes y concejales socialistas, y la ruptura de los pactos municipales que tenían con otros partidos en muchas localidades.
El apoyo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución ya provocó las primeras grietas internas, siendo las más llamativas las dimisiones que presentaron la alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Nuria Parlon, como integrante de la Ejecutiva Federal del PSOE; y la del alcalde de Tarrasa, Jordi Ballart.
Sin embargo, la decisión judicial de encarcelar a ocho miembros del Gobierno de la Generalitat ha provocado más fugas en el partido, y a la dimisión de Ballart se sumaron otros cinco concejales del PSC. Y este lunes también abandonó la militancia el alcalde de Castellar del Vallés, Ignasi Giménez.
Además, la posición política del PSC ha llevado al resto de partido con los que ha estado cogobernando en muchos ayuntamientos catalanes a romper con los socialistas o presentar una moción de censura. Son los casos de Girona o Molins de Rie, entre otros. Además, de CUP también ha pedido a ERC que rompa todos los acuerdos con los socialistas, citando el caso concreto del pacto que ambos tienen en el Consejo de Montsià.
El PSC es consciente de la situación crítica por la que pasa, pero está dispuesto a mantener los posicionamientos actuales en el conflicto porque entiende que son los más coherentes y, además, todavía son mayoritarios en la dirección del partido.
Fuentes cercanas a la cúpula del PSC indican que ha dolido más entre los socialistas catalanes el encarcelamiento de los miembros del Gobierno de la Generalitat que la aplicación del 155, “pero nosotros tampoco compartimos la opinión del tribunal, y lo hemos dicho, y no somos responsables de estas decisiones que nos parecen desproporcionadas”, aseguraron dichas fuentes.
En cuanto al 155, creen que la mayoría de la militancia del PSC sabe que se ha hecho lo posible para que no se aplicara y, de hacerlo, que se hicieran con el único objeto de convocar elecciones, como así ha sido. “El único responsable de que se haya dado este paso ha sido Puigdemont”, aseguran.
Asimismo, no entienden el hostigamiento del resto de partido con el PSC para romper acuerdos municipales de gobierno que estaban funcionando razonablemente bien.
En este aspecto, denunciaron que hay una beligerancia contra el socialismo catalán de los partidos independentistas, aunque especialmente críticos se mostraron con la postura de la alcaldesa de Barcelona, Ana Colau, por hacer una consulta entre las bases sobre si mantener el acuerdo de gobierno con el PSC y decir que ella se mantendrá neutral. Para el PSC, a Colau se le ve cada día más “del lado de quién juega” y no consideran de recibo su actitud.
Pese a todo ello, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, piensa mantener el mismo rumbo. El miércoles ha convocado una Ejecutiva extraordinaria para elegir las listas electorales que, probablemente, sean ratificada el próximo viernes por el Consell Nacional del PSC.
En la cúpula del partido, tal vez animada porque casi todas las encuestas publicadas dan un significativo crecimiento al PSC, hay una sensación de que el 21-D van a obtener un buen resultado.
Creen que el discurso catalanista, aunque poco a poco, va calando en la ciudadanía ante tanto frentismo, y que cada vez más gente aplaude que la solución pase por una reforma constitucional que haga confortable el encaje de Catalunya en España.
Iceta mantendrá esta bandera, así como su petición de un ambicioso Pacto de Estado para Catalunya, que quiere que vaya más allá de la reforma de la Carta Magna.
No obstante, pese a este triunfalismo, hay preocupación en el seno del PSC por lo que está ocurriendo y el temor a una campaña que se presentará a cara de perro contra los socialistas catalanes. Sin embargo, creen que el partido aguantará y que está lejos un verdadero riesgo de escisión o de ruptura, algo que muchos llegaron a temer.
P. DÍAZ
www.publico.es
Los conservadores temen bajar aun más sus apoyos en Catalunya, aunque plantearán la campaña del 21-D como unas elecciones generales en las que Rajoy presumirá de "responsabilidad" con la aplicación del 155 de la Constitución.
"El Gobierno y el PP respetan las decisiones judiciales". "España es un país democrático donde funciona el Estado de derecho". "La Justicia es independiente". Estas son las frases más repetidas por los conservadores en las últimas semanas. Todos los altos cargos de la formación siguen las pautas marcadas desde Moncloa y Génova: perfil bajo ante el temor de que las escandalosas encarcelaciones del Govern catalán les pase factura en las próximas elecciones del 21 de diciembre (21-D).
El PP de Mariano Rajoy, que nunca ha tenido fuerza suficiente en Catalunya para gobernar, ve ahora cómo su gestión de la crisis independentista le cuesta escaños incluso a nivel nacional, a tenor de las encuestas. Especialmente, desde que el exvicepresident, Oriol Junqueras, y los exconsellers fueron enviados a prisión por orden de la jueza Lamela. También por la orden de detención internacional que pesa sobre Carles Puigdemont, aún en Bruselas.
Por ello, desde la sede de Génova se esfuerzan en negar que sientan alegría por esta situación e inciden en que el poder judicial es independiente del Ejecutivo. "En España el Estado de derecho funciona y ninguna jueza permite que ningún partido haga ninguna indicación. Incluso con compañeros [del PP] que han actuado mal, la Justicia ha actuado con severidad y nos alegramos de ello", argumentó este lunes el vicesecretario de Comunicación del PP , Pablo Casado.
En público, los conservadores niegan que las dudas sobre la independencia judicial pueda pasarles factura. En privado, creen que puede ser uno de los factores que influyan en el resultado de los comicios. "Quiero pensar que la creencia de que existe un 'Estado opresor' que influye en los jueces y provoca encarcelamientos ya no existe -argumenta un alto cargo del PP-, pero nos puede pasar factura, del mismo modo que nos la puede pasar que Ignacio González esté en la carcel", añade la citada fuente.
Por este motivo, los conservadores no quieren dar excesiva importancia a las encuestas que, en cambio, sí valoran a la hora de analizar los datos de las formaciones independentistas: creen que un pacto entre el bloque "constitucionalista" (PP, PSC, Ciudadanos) podrá vencer a PDeCat, ERC y CUP y arrebatarles la mayoría absoluta en Catalunya. Esta es la principal razón por la que los conservadores instan ya a socialistas y naranjas a negociar un futuro pacto de Gobierno en dicha comunidad.
No obstante, cada formación presentará su "proyecto" en solitario. El del PP, con Xavier García Albiol a la cabeza, será claro: vender la imagen de Rajoy como el último responsable de haber devuelto la legalidad a Catalunya y la "voz" a los catalanes. Es decir, presumirán de haber desarrollado el artículo 155 de la Constitución que, además, servirá de amenaza en caso de que el bloque independentista (PDeCAT, ERC y la CUP) pueda volver a formar Gobierno tras el 21-D y como argumento de diferenciación con el resto de los autodenominados "constitucionalistas".
"Ha tenido que ser Rajoy quien tuviera coraje para devolver la voz a los catalanes y que sean ellos quienes decidan su futuro en las urnas. El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer: recuperar la ley y la democracia en Catalunya", justificó Casado ya en tono electoralista. "Es el PP el que ha sacado a Catalunya de este atolladero, el que ha puesto orden. Con todo el respeto a las formaciones que nos han acompañado, pero es el presidente el que ha tenido que tomar la decisión y asumir esa responsabilidad", añadió.
Empieza la 'campaña' del 21-D
Y ese es el mensaje que los conservadores se esforzarán en defender de aquí al 21 de diciembre. Génova ya prepara una campaña que, como si de unas generales se tratara, extenderá ese argumentario por toda España. Todo el partido, incluido el presidente, participará en mítines y actos preelectorales que empezarán con el propio Rajoy acompañando a Albiol este domingo en Catalunya.
En el PP están convencidos de que, pese a su caída en las encuestas, los sondeos también revelan que la ciudadanía "entiende" que "era necesario" aplicar el artículo 155 de la Constitución. Esa es la lectura que hacen también y de las manifestaciones "por la unidad de España" celebradas en Barcelona y con respecto al aluvión de banderas españolas en los balcones. "La España de las banderas nos ha dado un mandato a todos los partidos que tenemos la responsabilidad de salvaguardar la unidad de España", mitineó este lunes Casado, que no teme una rebelión pacífica de los independentistas en la calle: "Sería propio de una sociedad enferma tener miedo a que se cumpla la ley", zanjó.
Por todo ello, en Génova creen que, pese a que los encarcelamientos de Oriol Junqueras y los exconsellers sí puede pasarles factura, también están convencidos de que habrá un Gobierno constitucionalista en Catalunya tras el 21-D porque confían en que los electores entenderán las decisiones de Rajoy. "El Gobierno no hace medidas por el resultado electoral: tiene la responsabilidad de cumplir y hacer cumplir la ley", justificó. De equivocarse en la presión, el portavoz conservador asegura que el PP asumirá el resultado, pase lo que pase: "Si eso tiene un coste, lo asumiremos", concluyó.
Cientos de manifestantes ondean banderas de España en un municipio de Barcelona, en protesta por una polémica pancarta de índole política.
Cientos de personas se han reunido frente al Ayuntamiento del municipio de Sant Cugat del Vallès, en la provincia de Barcelona, para demostrar su apoyo a la unidad de España. La concentración se ha convocado en protesta por un cartel de índole política colocado en la fachada de ese edificio municipal.
La pancarta fue colocada por Mercè Conesa, la alcaldesa de la localidad, y en ella se lee "Libertad a los presos políticos". Con la protesta 'No en nuestro nombre', los manifestantes exigen el retiro de ese cartel, argumentando que es inaceptable que el Ayuntamiento se preste para instrumentalizar los propios intereses políticos de los gobernantes.
El expresidente de Cataluña asegura que seguirá defendiendo la independencia de esa región española.
El expresidente de Cataluña asegura que seguirá defendiendo la independencia de esa región española.
El expresidente del Gobierno de Cataluña, Carles Puigdemont, estima que en España existen "graves deficiencias democráticas" y que el Estado español actuó de forma "arbitraria, antidemocrática e ilícita" para disolver el Parlamento y el Ejecutivo de esa región, según ha denunciado en un artículo de opinión que ha publicado el diario británico The Guardian.
Para ese político, "en estos momentos" Cataluña es "el único territorio de la Unión Europea al que se le ha denegado la ley suprema por la que votaron sus ciudadanos, el Parlamento" que eligieron sus habitantes, "el presidente que eligió" ese órgano legislativo "y el Gobierno" que ese mandatario "nombró en el ejercicio de sus poderes".
El periodista Roger Pi de Cabanyes analiza el escenario previo a las elecciones autonómicas que Cataluña (España) celebrará este el 21 de diciembre.
Este 7 de noviembre es el día límite para que los partidosque se presentarán a las elecciones autonómicas que Cataluña (España) celebrará el próximo 21 de diciembre decidan si quieren concurrir en coalición.
El Partido Demócrata Europeo Catalán (PDeCAT) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) —formaciones del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y el antiguo vicepresidente autonómico, Oriol Junqueras— aún no han definido si se presentarán juntos a esos comicios autonómicos, como hicieron en la últimas convocatoria electoral con el nombre de Junts pel Sí.
"A veces, se suma más si se va por separado", explica a RT el periodista Roger Pi de Cabanyes: la presión sobre ERC "es máxima", ya que su líder está encarcelado, mientras que Puigdemont se ofrece como candidato desde el extranjero.
Si alguno de los que se encuentran en libertad provisional en Bélgica o en prisión preventiva en Madrid fueran elegidos, se podría configurar un Parlamento de Cataluña en el que algunos de sus integrantes no pudieran votar, con lo cual la actividad de ese organismo quedaría "muy distorsionada".
Pendientes del procedimiento judicial belga
Respecto a la procesal, Pi de Cabanyes opina que el hecho de que el juez de instrucción belga decidiera no encerrar a estos políticos "marca una gran distancia con la Justicia de España, donde hay un componente de politización, donde el Gobierno marca el criterio de la Fiscalía", mientras que en Bélgica "se respetan más los procedimientos y la posibilidad de que estas personas se puedan expresar con normalidad durante un proceso electoral".
Este comunicador considera que desde el independentismo catalán se han aceptado la convocatoria electoral del Gobierno de España para "no forzar más la máquina" y evitar "ir a una situación donde pudiera haber violencia en las calles", ya que los comicios permitirían que "las urnas validen lo que se ha hecho hasta ahora" y ofrecer "una respuesta a la represión" del Ejecutivo de Mariano Rajoy.
CATALUÑA
Por Eduardo Rodríguez-Baz*
Agencia Prensa Latina
Alejado de la moderación que suele reclamar a sus adversarios ideológicos, el gobierno español optó por la fuerza y de manera fulminante postergó —porque no resolvió— una solución dialogada a los anhelos secesionistas en la región de Cataluña
Con el aval del Senado —donde su agrupación, el derechista Partido Popular (PP) tiene mayoría absoluta—, el jefe del Ejecutivo de España, Mariano Rajoy, acordó el 27 de octubre asumir el control de esa comunidad autónoma “para restaurar la legalidad”.
Ese mismo día, el parlamento catalán —dominado por las fuerzas separatistas— aprobó una declaración unilateral de independencia en línea con el mandato recibido en el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.
Al amparo del artículo 155 de la Constitución, nunca antes utilizado en casi 40 años de democracia, Rajoy puso en marcha una rigurosa aplicación de la polémica cláusula para liquidar el proceso soberanista emprendido en los últimos años por las autoridades regionales
Entre las medidas excepcionales para sofocar el grave conflicto territorial y desoyendo numerosos llamados al diálogo, el dirigente conservador destituyó al presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, y a todo su gabinete.
Además, disolvió la cámara regional y convocó a elecciones anticipadas para el próximo 21 de diciembre, pese a que esa autonomía celebró unos comicios democrá- ticos el 27 de septiembre de 2015, en los que se impuso el movimiento independentista
Transcurridos apenas ocho días de esa inédita intervención, la situación en el rico territorio de 7,5 millones de habitantes —lejos de estabilizarse—, se agravó a niveles insospechados, lo cual provocó una mayor fractura en la sociedad catalana
En poco más de una semana de intervención y bajo el paraguas del 155, resoluciones judiciales acompasadas al gobierno del PP llevaron a la cárcel a ocho miembros de la cesada administración autonómica, incluido a su otrora vicepresidente Oriol Junqueras.
La Audiencia Nacional aceptó así la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reprobado meses atrás por el Congreso de los Diputados, contra Puigdemont y todos sus exconsejeros, a quienes acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos
La Audiencia Nacional aceptó así la querella del fiscal general del Estado, José Manuel Maza, reprobado meses atrás por el Congreso de los Diputados, contra Puigdemont y todos sus exconsejeros, a quienes acusa de rebelión, sedición y malversación de fondos
El alto tribunal decretó el jueves prisión sin fianza contra los dirigentes por los delitos vinculados con el plan de la Generalitat (ejecutivo catalán), que culminó el 27 de octubre con la proclamación de una República, por el parlamento regional
Partidos de diverso signo, contrarios tanto a la unilateralidad de la Generalitat como a la activación del controvertido precepto constitucional, calificaron de desproporcionadas y contraproducentes las resoluciones de la justicia del país europeo. Advirtieron que el delito de rebelión imputado a los líderes independentistas es inconsistente, porque implica un levantamiento público y violento que nunca existió.
“Día negro para Cataluña. El Gobierno escogido democráticamente en las urnas, a la cárcel”, denunció en Twitter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en alusión al encarcelamiento de los colaboradores de Puigdemont.
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia, pero apoya un referéndum pactado y con garantías en Cataluña, denunció la existencia de “presos políticos”. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, escribió en la propia red social.
El conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue más allá en sus críticas y exigió la “destitución fulminante” del fiscal general del Estado por lo que consideró una politización de la justicia.
A juicio del PNV, la crisis catalana no se resolverá a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, política y negociación que respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas
**Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid
Ostenta el "Reconocimiento a la Práctica Responsable de la Comunicación Social" (2015), "por el estricto cumplimiento de los principios básicos de la práctica comunicacional responsable: verdad y precisión; independencia; equidad e imparcialidad; Humanidad y responsabilidad"; así como la "Distinción Ernest Hemingway" (2017) "por su labor profesional en el campo de la Información y la Comunicación Social y por la práctica de un periodismo ético y de calidad, desde una perspectiva de utilidad social, con un enfoque popular, socio cultural y educativo, con el fin de democratizar la infoCom y contribuir al empoderamiento ciudadano".
“Día negro para Cataluña. El Gobierno escogido democráticamente en las urnas, a la cárcel”, denunció en Twitter la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, en alusión al encarcelamiento de los colaboradores de Puigdemont.
Incluso Pablo Iglesias, líder del izquierdista Podemos que rechaza la independencia, pero apoya un referéndum pactado y con garantías en Cataluña, denunció la existencia de “presos políticos”. “Me avergüenza que en mi país se encarcele a opositores”, escribió en la propia red social.
El conservador Partido Nacionalista Vasco (PNV) fue más allá en sus críticas y exigió la “destitución fulminante” del fiscal general del Estado por lo que consideró una politización de la justicia.
A juicio del PNV, la crisis catalana no se resolverá a través de sentencias judiciales ni de encarcelamientos, sino con diálogo, política y negociación que respete la voluntad expresada por los ciudadanos en las urnas
**Eduardo Rodríguez-Baz
Corresponsal jefe/Madrid
Ostenta el "Reconocimiento a la Práctica Responsable de la Comunicación Social" (2015), "por el estricto cumplimiento de los principios básicos de la práctica comunicacional responsable: verdad y precisión; independencia; equidad e imparcialidad; Humanidad y responsabilidad"; así como la "Distinción Ernest Hemingway" (2017) "por su labor profesional en el campo de la Información y la Comunicación Social y por la práctica de un periodismo ético y de calidad, desde una perspectiva de utilidad social, con un enfoque popular, socio cultural y educativo, con el fin de democratizar la infoCom y contribuir al empoderamiento ciudadano".
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